OPINIÓN / Ensalada de Grillos de Ciro Castillo: INE, “canillas” de gelatina

Se supone que el gran reto de las autoridades electorales (llámese Instituto Nacional Electoral y organismos electorales de los estados, IEPC en Chiapas) es recobrar la credibilidad de la población mexicana.

Cada que se aproxima una elección surge entre los habitantes una vieja sospecha de que, como en el box, todo está arreglado para que haya determinado ganador.

Después de la última elección presidencial, el entonces IFE, fue duramente cuestionado porque Andrés Manuel López Obrador nunca aceptó la derrota y le declaró la guerra a las instituciones. Él alegó fraude y mucha gente le creyó.

Se dijo entonces que el reto del renovado Instituto Nacional Electoral, producto de la Reforma Electoral de 2014, sería recobrar la confianza de los mexicanos en las autoridades electorales. Tantito peor en Chiapas, donde los ex integrantes del anterior IEPC cometieron una serie de pifias que casi los puso con un pie en la cárcel.

INE AL TEPJF: NO ME AYUDES COMPADRE

Pese a toda esta necesidad de credibilidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pegó tremendo golpe a las canillas del INE en los últimos días.

Con votación dividida, echó abajo los lineamientos de “cancha pareja” emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien, aparentemente pretendía regular toda la propaganda electoral que muchas veces se presenta disfrazada.

El Tribunal argumentó que el INE se excedió en sus atribuciones e invadió facultades del Poder Legislativo.

Regular la propaganda electoral, propaganda gubernamental e informes de labores de los funcionarios públicos constituye una facultad exclusiva del Congreso, determinaron los magistrados, quienes echaron para abajo la regla emitida por el INE el 20 de julio pasado.

El INE pretendía, como han defendido personajes como Luis Carlos Ugalde, ex presidente del desaparecido IFE, controlar los excesos de funcionarios públicos que se publicitan antes e incluso durante los procesos electorales.

Hay analistas que consideran que no tendría por qué regularse que los funcionarios “hagan campaña” estando en sus cargos, sino más bien, vigilar de dónde provienen los recursos que utilizan para tales acciones.

Según información de El Universal, cinco de siete magistrados avalaron los argumentos presentados por los partidos PRI, PRD, PVEM, MC y PES. Por otro lado, desecharon otros recursos que habían promovido gobiernos estatales, incluso algunas televisoras, quienes habrían perdido jugosas ganancias con la medida del INE.

Así que a partir del 8 de septiembre, cuando ya comience el proceso electoral del próximo año, sálvese quien pueda. Se calcula que en los tiempos oficiales se lanzarán más de 30 millones de spots en radio y televisión, a los cuales habrá que sumar todo los que “compren” los partidos políticos, precandidatos y luego candidatos.

Súmele, todavía peor, que estaremos repletos de anuncios espectaculares y anuncios en redes sociales y en infinidad de páginas de Internet.

¿REDUCIR LA LANA A LOS PARTIDOS?

Un diputado independiente de Jalisco, de apellido Kumamoto, por cierto, dicen que de sangre chiapaneca, ha metido en predicamentos a los partidos políticos porque podría lograr que sus prerrogativas sean reducidas hasta en un 50 por ciento.

Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la llamada ley #SinVotoNoHayDinero o ley Kumamoto que fue publicada por el Congreso de Jalisco el 2 de junio pasado.

Con la legislación se regula, por primera vez en un estado de la República, la forma en que se otorgan recursos públicos a los partidos políticos cuando es año electoral o no lo es; sin embargo, esto también abre  la puerta a que otros estados sigan el “buen ejemplo”.

La modificación, a propuesta del diputado independiente Pedro Kumamoto, establece que durante años no electorales, el cálculo de los recursos que recibirán los partidos políticos se realizará multiplicando el número de electores en el padrón por 20% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En la Constitución Federal se indica que el monto que otorga el Instituto Nacional Electoral a los partidos se calcula multiplicando a los electores del padrón por 65% de la UMA. Veremos y diremos…

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