Ley Antirrapiña: Guerrero advierte sanciones por robos en emergencias

Ley Antirrapiña: Guerrero advierte sanciones por robos en emergencias

El Gobierno de Guerrero advirtió que aplicará la Ley Antirrapiña contra quienes cometan robos aprovechando situaciones de emergencia o vulnerabilidad de la población. Las conductas pueden derivar en investigaciones y sanciones penales, con penas que, según la información difundida por el estado, pueden alcanzar hasta seis años de prisión.

¿Qué establece la Ley Antirrapiña?

La medida busca proteger el patrimonio de las familias y sancionar a quienes se apoderen de bienes ajenos durante situaciones de confusión, desastre o desgracia, cuando las personas afectadas necesitan apoyo y protección.

La reforma al Código Penal de Guerrero se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 6 de junio de 2025, mediante el Decreto 227, que incorporó los artículos 224 Bis y 227 Bis para establecer sanciones relacionadas con estas conductas.

¿Qué acciones pueden ser sancionadas?

De acuerdo con el Gobierno estatal, entre las conductas que pueden ser investigadas se encuentran:

  • Sustraer mercancías de establecimientos comerciales durante una contingencia.
  • Entrar a viviendas para robar pertenencias.
  • Aprovechar que casas o negocios quedaron desprotegidos por un huracán o una inundación.
  • Cometer robos durante accidentes u otras situaciones de emergencia.

Las consecuencias legales dependerán de las circunstancias de cada caso y de los delitos que las autoridades logren acreditar.

Llaman a denunciar los robos durante contingencias

Ante las condiciones climáticas que enfrenta Guerrero, las autoridades reiteraron que ninguna emergencia justifica el robo ni el abuso contra las personas damnificadas.

El Gobierno estatal exhortó a la ciudadanía a respetar los bienes ajenos y denunciar cualquier conducta ilícita ante las instancias correspondientes.

Asimismo, informó que mantiene campañas de difusión para que la población conozca las implicaciones legales de la rapiña y contribuya a proteger el patrimonio de las familias y comunidades afectadas.

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