Apegado a derecho el proceso de adquisición directa de 3,834 contenedores en Tuxtla Gutiérrez: Síndica municipal

• El presupuesto fue aprobado por el cabildo y el proceso de compra fue determinado por el Comité de Adquisiciones

Karla Burguete Torrestiana, Síndica municipal de Tuxtla Gutiérrez, detalló que el proceso de compra directa de 3,834 contenedores para continuar con el programa de contenerización en la ciudad, está apegado a derecho, fundamentado en los artículos 18, 74 y 76, Fracción I y VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, además de ser un presupuesto aprobado por el cabildo y una decisión del Comité de Adquisiciones después de hacer una serie de valoraciones técnicas y específicas.

Afirmó que el proyecto de contenerización fue pensado en los beneficios que representaba tener un mayor control de la basura generada en la ciudad, traduciéndose en un mejor aspecto urbano, salud para las familias, un mejor ambiente, pero sobre todo seguridad a la ciudadanía al prevenir situaciones de riesgo por inundaciones en la temporada de lluvias, toda vez que la basura tirada en las calles representa el principal responsable de azolve de coladeras y alcantarillas.

Derivado de ello, y previo a la firma del Convenio Modificatorio, la empresa Veolia se comprometió ejecutar un plan piloto de contenerización, con una inversión de 15 millones de pesos que incluía un estudio técnico para determinar cuántos contenedores se requerían en cada centro de acopio y en cada colonia, así como la colocación de 2,600 contenedores. “Si el proyecto funcionaba el ayuntamiento se haría cargo del resto de la inversión de los contenedores que se iban a necesitar. El estudio arrojó que se requerían 9700 contenedores en la ciudad”.

En este contexto, a finales de enero de este año empezó analizarse el tema de la inversión. La meta era adquirir 6,000 contenedores con una inversión de 38 millones de pesos, pero la pandemia del coronavirus vino a modificar muchas cosas, por lo que en el mes de marzo los regidores solamente autorizaron 28 millones para la adquisición de 3,834 contenedores.

Explicó que, una vez aprobado por el cabildo, el tema se trasladó al Comité de Adquisiciones, quien empezó a solicitar cotizaciones de otras empresas, así como las garantías de suministro y una serie de requisitos para la colocación de los contenedores. Aunado a ello, dijo, la preocupación fue la variante en el alza del dólar, que hacía que aumentara el costo de los mismos.

La Síndica municipal agregó que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas establece en su artículo 18 las modalidades de contratación en razón del monto, pero los artículos 74 y 76, fracciones I y VIII fundamentan que un comité de adquisiciones puede, por ciertas situaciones específicas, hacer excepciones y generar una compra directa.

Ante esta situación, el Comité de Adquisiciones analizó y valoró la oferta del proveedor de Veolia considerando el aspecto legal, por lo que determinó hacer una compra directa, ya que este proveedor respetaba el precio anterior, aseguraba el suministro de la existencia, la certificación, tamaño, dimensiones y otorgaba una garantía de 7 años por daños que no sean por hechos provocados. Además, dentro del costo incluía envío, almacenaje, ensamblado y colocación, aspectos que otras empresas solamente consideraban el costo del contenedor y había que hacer otros gastos adicionales.

Reiteró que la compra cumplió con su proceso administrativo. Los regidores y regidoras aprobaron el presupuesto para su adquisición y el proceso de compra se llevó a cabo por el Comité de adquisiciones en donde también se encuentran representadas tres cámaras empresariales.

Finalmente, explicó que la Cuenta Pública pasa por Cabildo para que pueda ser llevada a la Auditoría Superior para su supervisión y análisis, para que de ahí se desprendan posibles auditorias: “Todo lo que contiene la cuenta pública son conceptos aprobados previamente por los regidores y regidoras, no se pasa a Cabildo para decidir si ese pago está bien o está mal, sino para cumplir con la ley, para enviar una copia al Congreso del Estado y subirla al portal de transparencia para que se haga público”.