Denuncian prisión injusta para migrante hondureño
Félix Camas
San Cristóbal de Las Casas.- Ángel Leonel Carvajal Mancilla, migrante hondureño, se encuentra encarcelado injustamente desde el pasado 23 de enero, fecha en que el comandante de la Policía Municipal de Ocosingo, Carlos Vandala, le fabricara el delito de robo y actualmente se encuentra en Huixtla, ya que fue trasladado con tal de que su familia no denunciara las arbitrariedades en su proceso.
Al respecto, la esposa del afectado, Beatriz Adriana Cabrera Pérez, de nacionalidad mexicana, pidió al Fiscal de Distrito Selva, Alfonso Enrique Méndez que desista de la acusación falsa, así como al Ministerio Público Víctor Hugo Nájera García, ya que junto al comandante Vandala inventaron delito de robo, esto por ser migrante y por no pagar un “mordida” de 30 mil pesos.
“Resulta que mi esposo lo detuvieron el 23 de enero de 2020 en Ocosingo y fue hasta el 28 de enero de 2020 que lo presentaron ante el Ministerio Publico de Ocosingo, durante esos días fue torturado por los policías, nos negaron verlo, no tuvo abogado, eso lo sabe la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro y el Ayuntamiento de Ocosingo, que esos días estuvo secuestrado por esos policías mientras pedían 30 mil pesos”.
Cabrera Pérez asegura que han denunciado en varias instancias esta injusticia “sin que nos atiendan, hemos pedido que el consulado de Honduras intervenga no hemos recibido noticia, inclusive el comandante y el ministerio publico inventaron diciendo que mi esposo es mexicano y le cambiaron su nombre, cuando tenemos su acta de nacimiento”.
Asimismo, dijo que en ningún momento se ha presentado a denunciar el robo, porque no existe todo fue inventado por el comandante Vandala. “Por culpa de estas personas mi esposo en la cárcel está sufriendo tiene la mandíbula quebrada por los golpes que recibió durante varios días”.
“Mi esposo vive bajo amenaza, que deje de denunciar, que deje de pedir su libertad, inclusive con tal de callarlo lo trasladaron a Huixtla sin razón alguna alejando de su familia, ya que tenemos un hijo de dos años y el defensor público está obligando a mi esposo a ir a juicio abreviado, es decir, que acepte que cometió el delito”.
Finalmente, dijo que toda la documentación sobe el caso está en manos de los abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) “y por eso pido que dejen libre a mi esposo porque el delito está inventado”.