Frayba advierte que situación de desplazados se agudiza por Covid-19
Félix Camas
San Cristóbal de Las Casas.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) de nueva cuenta pide al Estado Mexicano garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos a los desplazados forzados de la entidad que pertenecen a distintas regiones y comunidades tsotsiles y tseltales, situación que se agrava por le expansión de la pandemia del Coronavirus.
Para reforzar la petición, el Frayba inició en abril la campaña Les Queremos en Casa, cuando el virus no había alcanzado a los pueblos y comunidades indígenas, cuyo objetivo era visibilizar las negligencias contra este sector, así como las violaciones a los derechos humanos permitiendo la persistencia de estos hechos que afectan gravemente los derechos particulares de mujeres, niñas, niños y hombres de distintas edades que han sido obligados a abandonar su hogar.
“Este desplazamiento forzado en algunos casos ha sido intermitente o de forma permanente por la situación de violencia generada por grupos civiles armados, como los herederos del paramilitarismo, fomentados por el gobierno mexicano a finales de la década de 1990 para minar y combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a sus bases de apoyo”.
Según el Frayba ha documentado que en los Altos de Chiapas existen al menos unas 3 mil 304 personas en situación de desplazamiento forzado, que son de municipios como Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó.
“Las personas desplazadas de Chenalhó son integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes fueron desplazadas de la comunidad Los Chorros, desde agosto de 2018, mediante asamblea comunitaria”.
En tanto, en el municipio de Chilón se ha documentado el desplazamiento de 262 personas de las cuales 114 son menores de edad, 76 mujeres y 72 hombres. “El desplazamiento forzado perpetrado por el grupo civil armado con sede en la localidad Pechton Icotsilha’ se agravó luego de que privara de forma arbitraria de la vida a Marín Luis Gómez Guzmán quien era originario de la localidad Carmen San José”.
Finalmente, el Frayba manifiesta su preocupación de que el Estado Mexicano no garantice la seguridad y retorno de las familias desplazadas, pese a la emergencia sanitaria que se vive provocada por el Covid-19, por lo que las autoridades deben actuar de manera efectiva por los derechos de los pueblos originarios.
